En este libro, el profesor Allan R. Brewer-Carias analiza diversos aspectos relativos a las clasicas nociones de contratos administrativos, de contratos de interes publico, de servicio publico, de interes publico y de orden publico, las cuales con frecuencia han sido incorporadas en disposiciones legislativa, no siempre conservado el nucleo definitorio esencial de las mismas.
Al contrario, en los anos recientes se ha observado cierta tendencia, tanto del legislador como del juez constitucional, a manipular algunas de dichas nociones para perseguir fines circunstanciales distintos a los que derivan de su sentido esencial, para distorsionar los efectos de determinadas normas, o para mutar su contenido con el proposito de distorsionar sus efectos. Este libro analiza esas situaciones, ocurridas en particular, en dos momentos:
Primero, con motivo de la emision de la Ley Organica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos de mayo de 2009 (Ley de Reserva de 2009), en cuyo articulado se declaro a sus disposiciones como de orden publico,
se declaro ex post facto a los bienes y servicios nacionalizados y sus obras, como servicio publico y de interes publico y social,
y se reconocio, tambien ex post facto, que los contratos que las empresas publicas nacionales habian celebrado con empresas o consorcios privados para la prestacion de los servicios conexos que se reservaron al Estado, eran contratos administrativos. Sin embargo, esas declaraciones lo que confirmaron fue evidentemente, que con anterioridad dichos servicios y actividades no solo no eran actividades reservadas al Estado; sino que no eran actividades que pudieran ser consideradas como servicio publico o de interes publico; ni los contratos que se habian suscrito para su prestacion por particulares eran contratos administrativos; ni, obviamente, dichas normas tenian calificacion como normas de orden publico. a
Y segundo, de la mano del Juez Constitucional, con la manipulacion del concepto de contratos de interes publico, en relacion con algunos relativos a ciertas operaciones de credito publico y otros celebrados para la constitucion de empresas mixtas en el marco de la industria petrolera, a los efectos circunstanciales de eludir la necesaria autorizacion previa de la Asamblea Nacional para su celebracion, tal como lo exige la Constitucion.
