Este libro del profesor Alan R. Brewer-Carias sobre la actividad administrativa, la actividad de gobierno y el poder discrecional, recoge tres estudios escritos en diferentes epocas, con ocasion de Ponencias presentadas en Congresos y Jornadas juridicas, siempre reelaborando el tema, en aproximaciones sucesivas, y que fueron publicados dispersamente en Revistas y Obras colectivas.
Trata por una parte de la actividad administrativa, que es el objeto esencial de regulacion del derecho administrativo, es decir, la actividad que desarrollan los organos y entes de la Administracion Publica, generalmente en ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado y en la mayoria de los casos, en ejercicio de la funcion administrativa del mismo, al cumplir las competencias que el ordenamiento les asigna para gestionar el interes general en nombre de la colectividad, entrando asi, con ello, en relacion con los particulares o administrados.
Esa actividad, en todo caso, esta siempre sometida al derecho, es decir, al principio de la legalidad, de manera que el funcionario que la realiza siempre debe actuar en ejercicio de competencias preestablecidas que le son legalmente asignadas, asi se trate de los casos en los cuales la ley le deje al funcionario cierta libertad para actuar en lo que se considera como actividad discrecional; y como todas las actividades del Estado, esta sometida a control judicial, en particular por los organos de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
El estudio de dicha actividad administrativa, por lo demas, manifestada entre muchos otros, a traves de la emision de actos administrativos requiere, entre otros aspectos, de una delimitacion precisa respecto de la otra actividad que realizan los organos que ejercen el Poder Ejecutivo, que es la actividad de gobierno, y que se manifiesta a traves de la emision de actos de gobierno. La distincion entre una actuacion y otra, como se destaca en estos estudios, contribuye, por una parte, a aislar adecuadamente la actividad administrativa, sometida al control judicial de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa; y por la otra, a identificar con precision la accion de gobierno, fuera de la accion administrativa, pero no por ello esta exenta de control judicial, que en ese caso le corresponde a la Jurisdiccion Constitucional.
